LA PLATA DEL SECUESTRO DE LOS BORN QUE ROBO A MONTONEROS
Cómo robaba el Tigre Acosta
 
Bajo la amenaza de torturar y violar a unas niñas en la ESMA, Acosta logró apropiarse en Suiza de más de un millón de dólares que no devolvió ni al Estado ni a la empresa Bunge y Born.
La sede de la ESMA, donde operaban el Tigre Acosta y su banda de asesinos de la Armada. 

Allí había pilas de ropas, aparatos de música, televisores y joyas robados a los "desaparecidos".
 
 
 
Por Miguel Bonasso 
La historia no fue contada hasta ahora. Sólo la murmuraban en voz baja algunos antiguos montoneros. Ocurrió hace veintiún años: en enero de 1977. Pero un dato de estos días, procedente de Suiza, la trae abruptamente a la actualidad, como otra demostración de la estrecha vinculación entre represión y corrupción que caracterizó a la última dictadura militar. Y a varios personajes de ese inframundo, como el capitán de fragata retirado Jorge Eduardo Acosta. El Tigre Acosta, que condujo entre 1976 y 1978 (los peores años) el infierno de la ESMA, 
donde el "oficial segundo" montonero Toño González de Langarica se quebró ante una amenaza decisiva del Tigre: si no cantaba torturarían y violarían en su presencia a sus hijas menores de diez años. En enero de 1977 Toño habló, dio el cruce de calles donde debía encontrarse con su jefe de la sección Internacional, el "Vasco" Fernando Vaca Narvaja (que logró escapar herido), y aceptó realizar una serie de tareas en el exterior. 
  En Madrid, en París y en un banco de Suiza, adonde llevó a los marinos y puso a nombre de ellos el millón doscientos mil dólares que había depositado en una cuenta abierta con un pasaporte falso. Los millones provenían del rescate de sesenta millones pagado por Bunge y Born y tenían como destino la compra de armas para pelear contra la dictadura militar. El traspaso se hizo sin dificultades y ni los Born ni el Estado vieron un solo dólar. Alguien se guardó el dinero, "mejicaneado" a los Montoneros, como parte del "botín de guerra". El mismo principio de rapiña que acumulaba en el Pañol Grande de la ESMA pilas y pilas de ropas, camas, aparatos de música, televisores y joyas robados a los "desaparecidos". El mismo que arrebataba a las víctimas, a punta de pistola, escrituras de propiedad. 
  Veintiún años más tarde, la procuradora general de Suiza, Carla del Ponte --requerida oportunamente por el juez español Baltasar Garzón--, acaba de confirmar que hay dos cuentas en sendos bancos helvéticos, abiertas por el capitán Acosta y por otro marino (aún no identificado). A las que habría que sumar, pronto, otras cuatro presumiblemente pertenecientes a personal de la ESMA y del Batallón 601 del Ejército. Nada se sabe aún sobre esas cuentas y sus posibles complementos (como las cajas de seguridad donde podrían haberse depositado los famosos microfilmes del terror), pero una de ellas --ha trascendido-- guardó sumas importantes. Quizá tan importantes como aquel millón doscientos mil dólares que entregó Toño. 
  Para el juez Garzón, que lleva adelante la famosa causa contra el genocidio en Argentina, se trata de información estratégica: los delitos económicos, el robo a los secuestrados y la fuga de divisas no están contemplados en las leyes del olvido ni en los perdones del presidente Menem. Así lo acaba de reconocer la flamante subsecretaria de Derechos Humanos, Inés Pérez Suárez. Así lo había admitido su antecesora Alicia Pierini, quien en su momento se había comprometido con la procuradora Del Ponte a suministrar datos precisos de represores que ayudaran a la investigación bancaria. Y no lo hizo. Ateniéndose, probablemente, a la falta de colaboración del gobierno argentino con el magistrado español, misma que éste va a tratar de suplir en los próximos días con un llamamiento público a todos los organismos humanitarios de Argentina, para que lo ayuden a completar con todos los datos de filiación necesarios la lista de cien represores que podrían haber abierto cuentas en Suiza. 
  La que está a nombre de Acosta pudo ser rápidamente ubicada, precisamente, porque coinciden los datos del documento de identidad, el domicilio fijado por el marino, el nombre y la fecha de nacimiento. Podría ser aquella que entregó bajo tortura Toño González de Langarica u otra cualquiera, correspondiente a dineros robados o malversados a la propia Armada. Ya en aquellos años de presunta "guerra santa" en defensa del "ser nacional" Acosta formaba parte del grupo de represores que se habían enriquecido con los bienes de sus víctimas y que encabezaba el propio Massera. Diez años más tarde, en 1988, el Tigre lloraba en el despacho del entonces fiscal Luis Moreno Ocampo, jurando que una empresa de la que era directivo (Astilsur) no había querido estafar al Banco Central. Ahora, la historia y el movimiento de las cuentas clandestinas que los marinos abrieron en Suiza no van a tardar en develarse: una fuente judicial española reveló a Página/12 que el juez Garzón está por viajar a la Confederación Helvética en los próximos días para saber, por ejemplo, cuánto dinero depositó y retiró el capitán Jorge Eduardo Acosta, responsable de más de cuatro mil "desapariciones", sobre las cuales, el mes próximo, volverá a interrogarlo la Cámara Federal. 
 
 
 
 
 
 
El día en que Astiz quedará en la calle
 
 
Trece causas, presentadas en diferentes juzgados, esperan a Alfredo Astiz, quien hoy dejaría para siempre el Edificio Libertad, convertido en lo que tanto odia: un simple civil.

Alfredo Astiz es llevado a declarar ante la Justicia. 
El asesino de la Armada perdería hoy su grado y uniforme.
Hasta ayer a la noche Alfredo Astiz conservaba su rango militar mientras continuaba detenido en una dependencia del Edificio Libertad, sede de la Armada. El alojamiento provisorio, que Astiz abandonaría hoy cuando salga publicada en el Boletín Oficial la destitución decretada el viernes por el presidente Menem, está ubicado justo frente a los tribunales de Comodoro Py, donde le espera un largo peregrinaje apenas el juez federal Claudio Bonadío termine de unificar las trece causas presentadas en diversos juzgados al conocerse las declaraciones del marino al semanario trespuntos, en las que reivindicó el secuestro, tortura y desaparición de personas durante la dictadura militar. En principio quieren saber si no está loco, después podría ir preso por apología del delito, violación a  la ley de Defensa de la Democracia y amenazas, entre otros cargos. 
  La destitución de Astiz, ordenada en el decreto presidencial 83, lo deja fuera de la protección de la Armada, la cual él consideraba su única familia. "Yo estoy casado con la Armada", dijo la semana pasada el ahora ex marino de 46 años y  estado civil soltero. Luego de las conclusiones de la rápida instrucción militar, a cargo del vicealmirante Carlos Alonso, y de una breve consulta con el ministro de Defensa Jorge Domínguez y el jefe de la Armada, Carlos Marrón, Menem no dudó un instante en tomar la drástica determinación que lo deja sin ninguno de los beneficios de la carrera militar. Pierde su pensión, obra social y el amparo de la institución a la que, según dijeron a Página/12 fuentes de la Marina, ya le había "llenado los huevos". 
  Y eso no es todo. Mientras aún debe estar pensando en la persona que lo impulsó a realizar sus polémicas declaraciones periodísticas, (Aurelio "Za Za" Martínez, quien cumple un arresto de 180 días en la base naval de Tierra del Fuego), Astiz abandonará hoy vestido definitivamente de civil la fuerza de la que fue el niño mimado para someterse, apenas elija un perito de parte, a un examen ordenado por el juez federal Claudio Bonadío para establecer su perfil psicológico y coeficiente intelectual. Los exámenes se realizarán a más tardar este jueves y se darán a conocer cinco días después, el próximo miércoles. 
  Al mismo tiempo, el juzgado de Bonadío unificará la docena de causas presentadas en diversos juzgados apenas conocidas las declaraciones de Astiz al semanario trespuntos. Podría ser juzgado, si el juez encuentra que existió apología del delito, amenazas o violación a la ley de Defensa de la Democracia. Sin embargo, pese a que el ex marino reconoció su participación en los hechos aberrantes de la represión ilegal durante la dictadura militar, no podrá ser revisada su participación como miembro de los grupos de tareas de la ESMA debido a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 
  De todos modos no se descarta que sea citado a prestar testimonio en otros procesos, tales como el que investiga la Cámara Federal sobre el destino de los desaparecidos en ese centro clandestino de detención. 
  A las condenas que recibió el ex capitán de fragata, se sumó ayer la de otro ex represor. El gobernador de Tucumán, general retirado Antonio Domingo Bussi, afirmó que "está totalmente de acuerdo" con la destitución de Astiz. Luego de la entrevista que mantuvo con Carlos Menem en la Casa Rosada, el ex dictador de Tucumán ahora devenido en político consideró que sus declaraciones fueron "un desatino total", y que se produjeron "fuera de toda realidad y fuera de toda oportunidad". 
  "Ahora aparece este señor (por Astiz) removiendo un pasado que debería estar, no sepultado, pero sí con una línea divisoria que permita que los argentinos se reencuentren todos", enfatizó Bussi proponiendo las fronteras de una nueva seguridad nacional. 
 

 
MASSERA Y   ACOSTA ANTE LA JUSTICIA
Saqueos,   secuestros y muerte
 

"Su automóvil, sus treinta caballos de carrera y campos en San Juan. Además (mi padre) era apoderado de una sociedad anónima en Mendoza con campos en Chacras de Coria valuados en aproximadamente 10 millones de dólares. Y (también) todas sus cuentas bancarias fueron saqueadas por el Tigre Acosta." De esta forma enumeró Federico Gómez los bienes que los hombres que se llevaron y desaparecieron a su padre se incautaron como botín de guerra. "Los caballos de mi papá corrían a nombre de testaferros de (Emilio) Massera, incluso entre los traspasos a que estaba obligado creo que figura el nombre de (el capitán de navío Aurelio) Za Za Martínez", agregó el denunciante ante las cámaras de Canal 9. Con estos saqueos muchos de los principales represores de la dictadura se enriquecieron. Algunos, como Acosta, depositaron ese dinero en cuentas secretas en Suiza, como la que acaba de ser descubierta. 
  "Una anécdota del saqueo fue el cheque que el Tigre Acosta presentó en una cuenta que papá tenía en aquellos años y cuando mi mamá fue a retirar el dinero se enteró que había sido saqueada con la firma de él", agregó Gómez, para graficar la impunidad con que actuaban los hombres de la ESMA. Dentro de esa misma nota, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisimblit, relató que todos los dueños de los locales de la galería de Martínez donde su yerno tenía un casa de cotillón y juguetería "fueron testigos del secuestro de mi yerno y de cómo al día siguiente vinieron con dos camiones, de la Aeronáutica y de la Armada, y se llevaron todo lo que había adentro". 
  Ambos testimonios podrán incorporarse a las actuaciones que se abran en la Justicia. "El robo a las víctimas de la represión ilegal es un delito económico que no está amparado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final", aseguró ayer la subsecretaria de Derechos Humanos, Inés Pérez Suárez, en lo que puede ser considerado como un anticipo de la actitud que podría tomar el Gobierno frente a esta información de que el Tigre Acosta es titular de una cuenta secreta en Suiza, adonde habría ido a parar el dinero de los saqueos a las víctimas de la represión ilegal. 
  La Cámara Federal porteña ratificó que a partir del 5 de febrero citará a una decena de marinos, entre los que figuran el ex almirante Emilio Eduardo Massera y el ex encargado del centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Jorge "Tigre" Acosta, para interrogarlos sobre el destino de los miles de desaparecidos que fueron vistos por última vez en la ESMA. Pero, a partir de estos testimonios y de la información oficial de Suiza, las preguntas podrían virar hacia el enriquecimiento personal y, según opinó el dirigente del CELS Emilio Fermín Mignone, "podría dar lugar a una nueva querella". 
  Por lo pronto, el diputado suizo Jean Ziegler presentó una moción parlamentaria para que se levante el secreto sobre las cuentas bancarias de militares argentinos sindicados como represores. El legislador, diputado socialista por Ginebra, invoca en su presentación las prerrogativas excepcionales que le caben al gobierno suizo para levantar el riguroso secreto bancario suizo cuando los intereses y la imagen del país están en juego. 
  Estas facultades constitucionales que invoca Ziegler le otorgan al Consejo Federal suizo la posibilidad de tomar medidas por encima de los reglamentos de secreto que protegen la labor judicial. Como antecedentes figuran los casos de las cuentas bancarias que tenían los ex dictadores de Zaire, Mobutu Sese Seko, y de Filipinas, Ferdinando Marcos, que fueron restituidas a esos países en consideración a los deseos de los gobiernos que sucedieron a esos regímenes. 
 
 
 
 
 

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